Preocupante aumento de personas en situación de irregularidad sobrevenida

Publicada: 4 marzo, 2021

Desde Cáritas Diocesana de Huesca alertamos del preocupante incremento de personas en situación de irregularidad sobrevenida. Un problema que está generando uno de los escenarios de vulnerabilidad más graves. Más de 100 personas en la ciudad de Huesca, la mitad de ellos menores de edad, ya se han visto abocadas a esta situación. Otras 200 están en riesgo de sufrirla en las próximas semanas o meses.

“Esperábamos trabajadores, vinieron personas y queremos vecinos” es el lema de la campaña que lanzó hace unos meses la red de Cáritas. En Cáritas Huesca “la hacemos nuestra para recordar la capacidad de acogida y hospitalidad que tenemos como comunidad y nuestro compromiso como sociedad con estas personas, que se han visto obligadas a abandonar sus hogares y muchas veces, a sus familias para sobrevivir”, apunta Felipe Munuera, director de la entidad.

Además queremos acercar a la sociedad esta realidad invisible: la irregularidad sobrevenida. Una expresión que hace referencia a una situación administrativa en la que miles de personas migrantes se quedan cuando, por diversos motivos, dejan de cumplir los requisitos que exige la Ley de Extranjería. Las personas que sufren este problema se ven privadas, entre otros derechos, del acceso al empleo y a cualquier prestación social.

“Queremos alzar la voz para apoyar públicamente a estas personas, que llegan a España huyendo de la violencia, el hambre, la pobreza, las injusticias, y denunciar su situación”

Felipe Munuera, director de Cáritas Huesca

Al mismo tiempo, se está iniciando una ronda de conversaciones con otras entidades públicas y privadas, para establecer mecanismos de coordinación eficaz. Así, responder a las acuciantes necesidades que genera en nuestra región, a las que Cáritas Huesca no puede hacer frente de forma individual.

¿Protección internacional o desamparo?

La entidad muestra una gran preocupación ante este escenario que va en franco aumento, por las consecuencias derivadas de la última reforma de las instrucciones en materia de Protección Internacional y Asilo. Entre otras cuestiones, esta modificación introdujo la condición de “no conceder acogida temporal hasta la presentación de la solicitud de asilo”. Asimismo, se aceleraron los plazos de resolución de las solicitudes, que solo son positivos en un 5% de las ocasiones, lo que agrava todavía más sus condiciones.

Virginia, colombiana de 38 años, vino a España huyendo de la violencia en su país. Llegó acompañada de sus hijos Mayra y Fernando, de 17 y 3 años respectivamente, y embarazada de cinco meses. Solicitó protección internacional y unos meses más tarde, dio a luz a María. Gracias a su tarjeta de solicitante de asilo, pudo empezar a trabajar en una peluquería. No era fácil, muchas horas y tres hijos a los que cuidar. También arrastraban un peso de la historia de violencia que habían sufrido ella y su hija mayor. Esta última recibía tratamiento en los servicios de salud mental de la sanidad pública de nuestro país.

Dos años más tarde, les informaron de que su solicitud de protección internacional había sido rechazada. Mayra dejó de recibir atención en la sanidad pública. Su estado de ansiedad aumentó hasta tal punto que ya no podía cuidar de sus hermanos. La esperanza de Virginia de dejar a los pequeños a cargo de Mayra para irse a trabajar, sin papeles como interna para poder pagar las facturas y gastos, se desvaneció. 

Son familias y personas como Virginia que han sufrido violencia y situaciones de peligro para sus vidas. Se han visto obligadas a venir a España pidiendo asilo y ahora se ven fuera de nuestro sistema, por no cumplir alguno de los requisitos exigidos o por la denegación de asilo.

Una vez denegada la solicitud, tienen quince días para abandonar el recurso de acogida, pierden la condición de estancia regular en el país. Por tanto también se quedan sin poder trabajar, con todas las consecuencias económicas y sociales que conlleva.

Propuestas ante la irregularidad sobrevenida

“Queremos hacer realidad el lema de ‘Huesca, ciudad de acogida’ y hacerlo extensivo a toda la provincia. Y ello requiere el compromiso real de las administraciones públicas y de las entidades sociales”, explica el director. Planteamos establecer una coordinación eficaz que dé respuesta a esta realidad de manera colaborativa, comprometida y valiente.

Insistimos además en la necesidad de ofrecer recursos concretos para demostrar ese compromiso, especialmente en materia de vivienda y ayudas sociales, de alimentación y suministros. Subrayamos la necesidad de apoyar públicamente esta realidad para romper con estereotipos y posturas xenófobas, promover el compromiso ciudadano con esta situación e incluso un cambio legislativo que impida esta forma de vulnerabilidad.