Por un Ingreso Mínimo Vital que garantice los derechos básicos

Por un Ingreso Mínimo Vital que garantice los derechos básicos

El pasado mes de junio se cumplía un año de la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Una medida que Cáritas venía recogiendo, desde el año 2019, en sus propuestas políticas “Por una sociedad más justa”. Tras la satisfacción inicial, compartida con todas las entidades sociales, se han detectado y señalado importantes deficiencias en su implementación. Cuestiones que están impidiendo a muchas personas en situación de pobreza y exclusión social el acceso a la prestación.

Durante estos meses se han introducido modificaciones para ajustar la normativa.

“Se han ido incorporando algunas demandas que organizaciones sociales como Cáritas hemos demandado como imprescindibles para que el IMV llegue de manera real a quienes más lo necesitan”.

Luis Rodríguez Pradas, miembro por parte de Cáritas Huesca del grupo confederal de Cáritas de garantía de ingresos.

El Ingreso Mínimo Vital en cifras

Cáritas conoce de primera mano las serias limitaciones de acceso que presenta esta prestación. Hasta el mes de febrero, 258.000 personas acompañada por Cáritas viven en hogares sin ingresos económicos y otras 825.000 están en situación de pobreza severa, según los datos del Observatorio de la Realidad social de Cáritas. Estos datos demuestran que, ante este tipo de situaciones, existe un sistema de garantía de ingresos que brinda poca protección.

Un 48% de las familias atendidas por Cáritas no han recibido suficiente información como para tramitarlo. Esto implica que se realizan pocas solicitudes. A ello hay que sumar las denegaciones y los casos que todavía están esperando respuesta. Solo el 16% de las familias acompañadas por Cáritas están siendo perceptoras de esta ayuda, según datos de mayo de 2021.

Situación en Aragón

El pasado 25 de mayo se publicaba la Ley 3/2021 que regula la prestación aragonesa complementaria del Ingreso Mínimo Vital y el Servicio Público Aragonés de Inclusión Social. Una normativa necesaria para evitar que muchas personas y familias en situación de exclusión social en Aragón quedasen “en tierra de nadie”, tras la implantación de la nueva política.

En muchos sentidos, supone un retroceso en la garantía de derechos en nuestra Comunidad Autónoma. “Estamos expectantes ante el reglamento que se va a elaborar en los próximos meses. De cómo se acaben concretando algunas de las medidas, que la actual ley autonómica deja en el aire, dependerá que la prestación complementaria y el IMV en Aragón lleguen a las personas que más lo necesitan”, apunta Rodríguez.

La persona en el centro

La necesidad de dotarse de un sistema estatal de garantía de rentas mínimas para las personas en situación de grave vulnerabilidad social es una medida defendida, salvo casos aislados, por todas las instancias políticas nacionales y europeas, además de la necesidad de introducir mejoras en su implementación. “Se trata de una demanda que las organizaciones sociales y del tercer sector en España venimos reclamando desde hace años”, añade Rodríguez.

Desde la entidad hemos reiterado públicamente la urgencia de su regulación, dado nuestro contacto permanente con la realidad de la exclusión social. La persona como protagonista y la cercanía, que definen a Cáritas, permite constatar la necesidad de garantizar esta protección a las personas y las familias que no tienen recursos, a las integrantes de la sociedad expulsada -los “descartados” a los que se refiere el papa Francisco- y a las víctimas de la exclusión severa. En definitiva, el actual Ingreso Mínimo Vital no garantiza los derechos básicos a un gran porcentaje de las personas que se acogen y acompañan desde las diferentes Cáritas de nuestro país.